Gobiernos considerados de "derecha"
El informe escrito por Paula Ballesteros analiza los gobiernos de derecha en varios países de América Latina y el Caribe, incluyendo Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Haití y Puerto Rico. El objetivo principal del informe es examinar las características particulares de cada país y explorar las similitudes y diferencias entre los gobiernos de derecha en la región.
Un punto en común identificado en todas estas naciones es la necesidad imperiosa de recuperar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en la política como medio para resolver los problemas más urgentes de la sociedad. La fragmentación de los partidos políticos, como respuesta a la dificultad de comprender las necesidades de la sociedad y alcanzar acuerdos programáticos, ha generado confusión y descreimiento en la ciudadanía hacia las instituciones políticas.
El informe destaca dos aspectos fundamentales que deben abordarse en estos gobiernos de derecha: en primer lugar, la defensa de los derechos humanos y el orden democrático, ya que la estabilidad de la región depende de ello. En segundo lugar, es crucial encontrar espacios comunes para buscar soluciones definitivas a problemas como la violencia, la delincuencia, las pandillas, el narcotráfico, la inseguridad, el hambre, la pobreza y las grandes desigualdades. La falta de soluciones estructurales y coordinadas ha generado un aumento de voces autoritarias que prometen soluciones simples y seducen a un pueblo ya decepcionado y cansado de pedir respuestas a sus representantes.
El informe advierte sobre el peligro de las derechas autoritarias, especialmente en un contexto regional en el que abundan los gobiernos progresistas. Si no se logra estabilizar las situaciones en cada país, se crea un terreno propicio para estos personajes nefastos que ponen en peligro la democracia regional.
Al cierre del informe, se destaca que el panorama es complejo, ya que se acercan importantes elecciones presidenciales en Argentina, Paraguay y Guatemala. Además, se mencionan otros procesos electorales relevantes de cara a 2024 en países como El Salvador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, México y Uruguay. Estos procesos electorales serán clave para obtener respuestas a las interrogantes planteadas, como la oportunidad para candidatos provenientes de sectores no tradicionales, la posible activación del voto castigo como reacción ciudadana al descontento, la garantía de procesos democráticos y el mantenimiento de la tendencia progresista en la región.
El desafío para los gobiernos progresistas es comprender el lenguaje que demanda la sociedad, construir propuestas para salir de las crisis y el descontento social, mantener el orden democrático, garantizar una gestión pública sólida a través de formación, diálogo, espacios de consenso y alianzas en defensa de la democracia, así como proyectar una imagen limpia para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la clase política y en la resolución de los problemas sociales en pos del bien común.