Menos igualdad, más problemas: lo que está en juego en nuestra sociedad

Yanina Welp – Albert Hirschman Democracy Centre, Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas

En 1913, la sufragista Emily Davison murió arrollada por el caballo del Rey Jorge V mientras intentaba colocar una bandera para reclamar el derecho al voto de las mujeres. Su muerte no fue un accidente, sino el resultado de un enfrentamiento directo con un sistema que negaba a las mujeres su autonomía política. Más de un siglo después, las tensiones en torno a los derechos de las mujeres siguen presentes, aunque con nuevas formas y actores.

Cada contexto es un mundo. En España, hasta 1972 una mujer menor de 25 años no podía independizarse sin el explícito permiso paterno a menos que fuera para encomendarse a Dios o a otro hombre (convento o casamiento). Hasta 1975, una mujer casada necesitaba autorización de su marido para trabajar fuera del hogar. La lista podría hacerse larga. Con la democracia las cosas comenzaron a cambiar. En 1981 se introdujo el divorcio y más tarde se reguló la interrupción voluntaria del embarazo. Se ha avanzado mucho desde entonces.

Las leyes de cuotas permitieron ampliar la representación política de las mujeres. Argentina fue el primer país en incorporarlas en 1991 y desde entonces se han ido expandiendo y adaptando – con un mejor o peor desempeño, según los casos– en muchos países. México estableció la democracia paritaria y en 2024 eligió a su primera presidenta, Claudia Scheinbaum. La tendencia es generalizada: un informe de UN mostraba que en 2023 por primera vez en la historia había mujeres en todos los parlamentos del mundo.   

Sin embargo, persiste la desigualdad en el mercado, en el acceso a cargos directivos, en la participación en ámbitos científicos, en los medios de comunicación y un largo etcétera. Por ilustrarlo con datos, un estudio de The Economist publicado de marzo de 2025 señala que en los países de la OCDE la brecha salarial media es de 11,4% (The glass-ceiling index). En la Universidad de Zurich, aunque las mujeres representan el 58% de estudiantes y el 54% de doctorandos, sólo ocupan el 23% de los puestos de profesorado. Los sesgos de género inciden sobre todos los ámbitos del hacer social como muestra, entre tantos otros, la baja presencia de las mujeres en Ciencia. La violencia contra las mujeres es cada vez más un tema de debate político, con las derechas radicales negando su relevancia como agravante. La desigualdad tiene consecuencias políticas, sociales, humanas y también económicas nefastas.

Pero existe, también, una notable confusión. Las derechas radicales representan la máxima expresión del conservadurismo reaccionario y, aunque parezca contradictorio, hay destacadas mujeres en sus filas (Giorgia Meloni, Marine Le Pen) e incluso casos como el de Alice Weidel, la líder de Alternativa por Alemania, que es lesbiana, está casada con una inmigrante filipina y ha adoptado dos niñas. En el otro extremo, avanza el pinkwashing (“lavado rosa”) que alude a una vitrina de acciones que sugieren la mayor representación de la mujer, pero no lo son tanto. Ejemplo de ello es la composición de la Asamblea Nacional de Cuba, que cuenta con  55 % de legisladoras. Sin embargo, no es ahí donde se toman las decisiones importantes. 

Los ejemplos son inagotables, pero quiero destacar tres puntos clave. El primero, los hechos desmienten la expectativa de que mayor riqueza y/o mayor institucionalización producen igualdad. En Suiza, aunque ha habido avances notables en la representación de mujeres en la asamblea legislativa, a nivel subnacional las autoridades son mayoritariamente masculinas. La educación es gratuita, pero los servicios de cuidado no son públicos y tienen costes muy elevados con lo que hasta que los niños comienzan la escolarización obligatoria, el sistema incentiva a las madres a quedarse en casa. La desigualdad salarial sigue siendo considerable y por la suma de todo lo dicho las pensiones de las mujeres son mucho más bajas (aportan menos, tienen menos posibilidades de ascender en el escalafón, etc.). Otro tanto se observa en estudios sobre la entrada de mujeres a cargos en la academia latinoamericana, que muestran que mayor institucionalización a veces opera como un bloqueo a la mayor presencia de mujeres en lugar de incentivarla. 

Segundo, la autonomía de las mujeres es el enemigo de las extremas derechas. Esto no significa que no haya mujeres en sus filas, como ya se ha citado. Pero sus partidos promueven una agenda que busca restringir derechos y perpetuar un modelo de familia tradicional como pilar de la sociedad. Buscan restringir la capacidad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, su vida profesional y su participación política. Los movimientos de extrema derecha han convertido el género en un campo de batalla ideológico.Vox en España, por ejemplo, niega la existencia de la violencia de género y combate cualquier política de igualdad con el argumento de que impone una “ideología de género”. Esta estrategia no solo es una cuestión de convicción, sino una herramienta política: al polarizar el debate en torno al género, las extremas derechas movilizan a su electorado y desvían la atención de otros problemas estructurales.  

Por último, el feminismo abrió caminos cuando planteó que lo personal era político. No son “temas de mujeres” es un asunto de derechos que definen la comunidad política que somos y aspiramos a ser. Que las mujeres sean invisibilizadas o limitadas en su desarrollo profesional y/o estén subrepresentadas en política y en cualquier ámbito del hacer social es un problema para la democracia y para la convivencia.

Más allá de un día de conmemoración, el desafío es permanente: la democracia no será plena mientras la desigualdad persista. Los derechos dependen de la acción colectiva.