El pez fuera del agua: Sevilla y la crisis de la financiación global
Kattya Cascante, profesora de Relaciones Internacionales en la UCM
La cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de Naciones Unidas, que ha tenido lugar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio de 2025, se asimila a las últimas bocanadas de un pez antes de morir fuera del agua. Desde que se aprobara los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015) y tomara el relevo la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las tres conferencias anteriores (Monterrey en 2002, Doha en 2008 y Addis Abeba en 2015) han intentado sin éxito, arrancar un compromiso internacional para la financiación del desarrollo más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y las iniciativas estatales. Sevilla no es una excepción.
Tanto en Monterrey, Doha como en Addis Abeba se buscó superar la dependencia de la AOD mediante la movilización de recursos internos, la atracción de inversión privada responsable, la reforma de la arquitectura financiera internacional y el combate a la evasión fiscal y los flujos ilícitos. Aunque la continuidad de la AOD es positiva, Sevilla ha evidenciado que otros compromisos esperados, como mecanismos vinculantes para canalizar financiación climática, un marco justo para la reestructuración de la deuda y reformas en las instituciones financieras globales, no se concretaron por falta de voluntad política, tensiones geopolíticas y la resistencia de actores clave a aceptar obligaciones que limiten sus intereses, lo que mantiene estancada una financiación suficiente y efectiva para alcanzar los ODS.
La conferencia de Sevilla concluyó con una declaración final bastante continuista, sin compromisos vinculantes nuevos, limitándose a respaldar instrumentos voluntarios como los bonos ligados al clima y sugerir posibles suspensiones de pagos en crisis, lo que refleja la falta de avances estructurales. En cuanto a posiciones, se evidenció una fractura entre el Norte y el Sur Global: los países del Norte, liderados por el G7, defendieron mantener el enfoque en soluciones privadas y voluntarias, mientras numerosos países del Sur y la sociedad civil reclamaron reformas profundas en la arquitectura financiera y la gestión de la deuda; destacaron nuevas alianzas entre países africanos y latinoamericanos exigiendo justicia fiscal y climática. Sin embargo persisten obstáculos como la falta de voluntad política de las grandes potencias y el peso de intereses corporativos que frenan una redistribución real de recursos y poder.
Aun así, Sevilla ha dejado avances que pueden considerarse éxitos parciales, como el reconocimiento de la necesidad urgente de fortalecer la arquitectura financiera global, mejorar la regulación de los mercados y avanzar hacia una gobernanza económica más inclusiva, además de mantener viva la meta del 0,7% de la AOD y promover la ampliación del enfoque TOSSD[1] para medir mejor los flujos de financiación; también se impulsaron debates sobre modernizar los bancos multilaterales de desarrollo, reutilizar los Derechos Especiales de Giro y explorar mecanismos como los canjes de deuda por acción climática, mientras que en el ámbito climático se reforzó la idea de canalizar fondos mediante instrumentos diversos, incluidas las alianzas. Asimismo, se destacó la importancia de las remesas y se reconoció el papel clave de la cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Por último, cabe señalar que España destacó en Sevilla por su impulso al diálogo y las alianzas globales.
La oportunidad perdida
Con más de 12.000 asistentes y delegaciones de 150 países, 50 jefes de Estado y representantes de organismos internacionales, esta conferencia se alinea con la coyuntura internacional del denostado orden multilateral donde la multipolaridad actual desordena la conversación llevándola hacia otros foros que acaparan tanto el interés como el presupuesto. Esto explica en buena medida las ausencias notables en esta y otras conferencias de actores clave, no solo para llegar a un acuerdo sino también para garantizar su recorrido. Estados Unidos bajo la Administración Trump, quien también declinó estar presente en la 29 Conferencia de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en noviembre en Belém, es, junto con la ausencia de China, el elefante en la habitación. Estos desplantes agudizan la falta de acuerdo en casi todos los aspectos. Precisamente en la COP29, también llamada la COP financiera, ni siquiera se consiguió establecer un mínimo financiero (100.000 millones de dólares anuales) para algo tan necesario como la ayuda a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático.
El problema no es solo falta de recursos sino también la escasa focalización sobre el desarrollo. La economía mundial genera más bienes y servicios de los que puede absorber, lo que constituye un ahorro total mundial que oscila entre 6 y 33 veces el financiamiento que requiere la Agenda 2030. Según los datos compartidos por las Naciones Unidas, para poder alcanzar los ODS, se estima que se necesitan entre 3,3 y 4,5 billones de dólares anuales para el abordaje de las necesidades identificadas en la Agenda 2030, con una brecha de financiamiento anual de 2,5 billones de dólares para los países en desarrollo. Aunque se trata de menos de la mitad que se destinó para subsidiar el uso de combustibles fósiles en 2022 y la cuantía de recursos para financiar el desarrollo es suficiente, no hay un propósito firme para alinear los recursos hacia el desarrollo sostenible. Si a esto se le suman cuestiones como la evasión fiscal y el flujo de capitales ilícitos, masiva en los países en desarrollo, se llega al verdadero escollo: una arquitectura financiera asimétrica, desregulada y carente de gobernanza económica global.
Institucionalmente esto se traduce en varias reformas pendientes, ampliamente reclamadas en conferencias previas a la de Sevilla, pero que siguen sin tener recorrido. De todas ellas, cabe destacar la arquitectura de la deuda soberana internacional, que debe transitar hacia un sistema basado en reglas compartidas, con reformas y procesos de reflexión impulsados por Naciones Unidas. Sin embargo, a Sevilla ha llegado un documento que tan solo respalda la postura de un G7 que se limita a sugerir la posibilidad de suspender pagos en situaciones excepcionales y promover instrumentos voluntarios como los bonos ligados al clima sin entrar en cuestiones que vinculan obligaciones para acreedores privados o la reestructuración de una arquitectura multilateral financiera. Y ello, a pesar de que, en 2024, más de 50 países en desarrollo dedicaron más fondos al pago de intereses de la deuda que al conjunto de sus presupuestos públicos en derechos sociales.
¿Cómo se puede superar la pobreza y la desigualdad si se prioriza un endeudamiento que recorta servicios de salud y educativos generación tras generación? La deuda externa sumada a la incapacidad manifiesta de recaudación de ciertos sistemas fiscales en el mundo en desarrollo supone un freno en el avance de la movilización de recursos propios, a su vez, un condicionante exigido por los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD/OCDE) para estimular la AOD. Si bien en el compromiso de Sevilla se consideraron los procesos de gobernanza, la mejora de ciertos instrumentos y ampliar el diálogo para atraer financiación climática hacia los países receptores, no han traspasado el inquebrantable muro de las prioridades políticas de los países del Norte, que, una vez más, ha descartado revisar las bases de una deuda injusta que afecta a más de 3000 millones de personas.
La sociedad civil como actor internacional
Por otro lado, la sociedad civil va ganando posiciones como actor internacional. A través de la Declaración del Foro Social y de la Declaración del Foro Feminista ha sido la voz más alta y clara del encuentro. No solo han denunciado la habitual falta de ambición, se han atrevido con el statu quo.
Por un lado, la Declaración del Foro Social, elaborada por más de 1000 representantes de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos globales, denuncia la exclusión deliberada de la sociedad civil en las negociaciones, algo que sin duda refuerza el desequilibrio financiero que perpetúa la desigualdad estructural. Excluir las crisis ecológicas, sociales y económicas que afectan especialmente al Sur Global supone darle la espalda a la deuda externa, los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal, el militarismo y la financiación insuficiente de servicios públicos. Rechazan que la financiación privada sea el eje central de las soluciones propuestas y reclaman la garantía de procesos transparentes y equitativos bajo la ONU y el reconocimiento del trabajo de cuidados como bien público, con inversión estatal en sistemas universales de protección social. Entre sus críticas más destacadas figuran la captura corporativa de las políticas públicas, la falta de regulación efectiva de las empresas transnacionales, y la promoción de las asociaciones público-privadas de financiación mixta, que desvían recursos públicos, aumentan la deuda y carecen de transparencia. Por último, rechazan el uso de fondos climáticos condicionados, así como la ausencia de compromisos para eliminar los combustibles fósiles.
Por otro lado, la Declaración del Foro Feminista plantea una agenda integral para reestructurar el sistema económico global desde una perspectiva feminista, centrada en la justicia, los derechos humanos y la sostenibilidad. Proponen una reforma urgente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, junto con la redefinición del riesgo financiero desde marcos feministas que prioricen la resiliencia climática, los derechos humanos y la equidad. Se reclama una reorientación de la financiación del desarrollo hacia modelos de inversiones públicas directas que fortalezcan los servicios esenciales como salud, educación y cuidados. El Foro propone la creación de un organismo tributario internacional bajo la ONU y la adopción de una convención fiscal vinculante que incorpore principios redistributivos y de justicia de género al tiempo que reclama sistemas tributarios progresivos, gravar a grandes fortunas y contaminadores, y eliminar los incentivos fiscales perjudiciales, canalizando recursos hacia servicios esenciales y protección social. El documento aprobado aborda también la reforma del comercio global, incluyendo la revisión de acuerdos comerciales para incorporar normas de igualdad de género y proteger el trabajo y los derechos de las mujeres. En el ámbito del cuidado, se plantea su integración plena en la planificación económica, cuantificando su valor y reconociendo su centralidad en el bienestar social y económico.
Ambas declaraciones enfatizan la necesidad de una cooperación internacional descolonizada, basada en reparaciones históricas, y en la redistribución del poder en la gobernanza global. El Foro feminista propone, además, la financiación sostenible y pública de organizaciones feministas, con marcos de rendición de cuentas que promuevan la equidad. Finalmente, se destaca la necesidad de invertir en ciencia y tecnología con enfoque de género y justicia, garantizar una gobernanza digital basada en derechos humanos y crear mecanismos de seguimiento con datos desglosados para asegurar el cumplimiento de los compromisos. En suma, desde la sociedad civil emerge una agenda mucho más transformadora, con una clara prioridad en la justicia climática y la soberanía de los países del Sur Global.
Ante la parálisis institucional y la retórica vacía de los compromisos multilaterales, las voces de la sociedad civil articuladas en Sevilla evidencian el profundo divorcio entre los discursos oficiales y las soluciones estructurales que demanda la realidad global. Mientras las instituciones continúan preservando un orden financiero diseñado para sostener privilegios, los movimientos sociales han puesto sobre la mesa propuestas concretas y centradas en los derechos. Lo que queda claro tras esta conferencia es que, sin una redistribución real del poder y los recursos, sin una arquitectura financiera internacional al servicio del bienestar colectivo y no de la acumulación, y sin una voluntad política de romper con las lógicas coloniales del endeudamiento, la financiación para el desarrollo seguirá siendo una promesa vacía. La transformación, si llega, no será por concesión, sino fruto de la presión, la organización y la persistencia de quienes se niegan a aceptar la injusticia.
[1] El enfoque TOSSD (Total Official Support for Sustainable Development) que en español se traduce como apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible, es el marco de medición más recientes del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) creado para reflejar todos los flujos financieros públicos y, en algunos casos, privados, que contribuyen al desarrollo sostenible en países en desarrollo y a bienes públicos globales (como la lucha contra el cambio climático, la seguridad sanitaria o la protección del medio ambiente).