Conflicto en Sudán/Sudán del Sur

El conflicto en Sudán no arranca con Darfur ni con la guerra actual. Es el resultado de una construcción estatal profundamente desigual, atravesada por tres factores persistentes.

Primero, la herencia colonial británica. El Sudán colonial se gobernó de manera fragmentada, reforzando divisiones regionales, étnicas y económicas. El norte árabe-musulmán fue integrado al aparato estatal; amplias zonas periféricas quedaron marginadas, con escasa infraestructura, representación política mínima y economías de subsistencia.

Segundo, la concentración del poder en Jartum tras la independencia (1956). El Estado sudanés se organizó como un centro fuerte que extraía recursos de la periferia sin redistribución efectiva. Esto generó conflictos crónicos en el sur, el este y el oeste del país. La guerra civil norte-sur (1955–1972 y luego 1983–2005) es el antecedente más visible, pero no el único.

Tercero, la militarización del poder. Desde los años sesenta, Sudán alternó gobiernos militares y civiles débiles. El golpe de Omar al-Bashir en 1989 consolidó un régimen autoritario que combinó islamización forzada, represión política y uso sistemático de milicias para controlar territorios periféricos.

En ese marco aparece Darfur. A comienzos de los 2000, tensiones históricas por tierra, agua y representación política se transforman en rebelión armada. La respuesta del régimen fue contrainsurgencia mediante milicias locales (los janjaweed), con violencia masiva contra población civil. Para 2003–2004, la crisis ya tenía rasgos de atrocidades masivas y desplazamientos forzados.

Cuando llegamos a 2005–2006, el conflicto no estaba “empezando”: estaba cronificado, con un Estado que gobernaba delegando violencia y un sistema internacional que reaccionaba tarde y de manera fragmentaria.

Desde abril de 2023 Sudán enfrenta una cruenta guerra civil que por el momento ha dejado un saldo de miles de muertos (es difícil brindar un número exacto debido a la dificultad para acceder a terreno) y once millones de desplazados internos, además de cuatro millones de desplazados externos (ACNUR 2026, OCHA 2026). El avance del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la región de Darfur (oeste) y en el estado de Kordofán del Sur (Español 2026) amenaza con acentuar la crisis humanitaria en un país en el que el 64 por ciento de su población, incluyendo 16 millones de niños, actualmente dependen de la ayuda internacional para su subsistencia (ECHO 2026).

Esta es la tercera guerra civil que Sudán enfrenta desde que se independizó del Reino Unido y Egipto el 1 de enero de 1956, quienes desde 1899 controlaban el territorio. El denominado condominio anglo-egipcio (Alaminos Hervás 2023) reforzó las divisiones regionales y dividió al país en dos áreas bien diferenciadas: en el norte se ubicó una población mayoritariamente árabe –que controlaría el poder político y los recursos económicos de la futura nación– y en el sur una predominantemente cristiana y animista, que sistemáticamente recurrió a la lucha armada para hacer valer sus derechos obviados por el gobierno central.

Esta asimetría no sólo continuó vigente durante el período republicano, sino que se acentuó. Las desavenencias entre ambas regiones también se exacerbarían debido al intento de impulsar un proceso de islamización forzada en los estados del sur de Sudán por parte de los presidentes de facto Yaafar al Numeiry (1969-1985) y Omar al-Bashir (1989-2019). Lo que terminaría contribuyendo al estallido de la primera guerra civil sudanesa (1955-1972), incluso antes de que se formalice la independencia de Sudán.  Las regiones del Sur iniciaron un levantamiento armado para reclamar un mayor nivel federalismo y capacidad de autogobierno, además de rechazar la imposición de las costumbres árabes en el lenguaje y en la propia sociedad. El conflicto dejaría un saldo de alrededor de 500 mil muertos y llegaría a su fin tras la firma de los acuerdos de Adís Abeba (1972), suscriptos entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación de Sudán del Sur (SSLM). Los mismos brindaban una serie de garantías destinadas a fortalecer la autonomía política de las regiones del Sur (Shinn 2004).

El incumplimiento de los compromisos establecidos en dichos acuerdos, sumado, entre otros motivos, a la decisión del gobierno al Numeiry de imponer en septiembre de 1983 la ley islámica (sharia) y a su reticencia a hacer partícipe a las regiones del Sur de los beneficios económicos derivados de la incipiente explotación petrolífera en Sudán (Díez Alcalde y Vacas Fernández 2008), contribuyeron al inicio de la segunda guerra civil (1983-2005). La que provocaría alrededor de 2 millones de muertos, tanto como consecuencia de la contienda militar así como de las hambrunas y enfermedades registradas (USCR 2002).

Para controlar la revuelta militar en la región de Darfur, el gobierno de Omar al-Bashir promovió la creación de las milicias para-estatales “Janjaweed” las cuales fueron acusadas de llevar adelante crímenes de lesa humanidad entre 2003 y 2005 (Ugarte Boluarte y Diestra Huerta 2022). Por este motivo es que en marzo de 2009 y julio de 2010 la Corte Penal Internacional  emitió una orden de arresto contra al-Bashir, a quien, entre otras cosas, se lo acusaba de cinco cargos de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra (CPI 2010). En 2013 el gobierno sudanés reestructuró a los “Janjaweed” y los reagrupó bajo el liderazgo de Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, quien cambiaría el nombre del grupo a Fuerzas de Apoyo Rápido (Etefa 2019), el cual en 2017 sería aceptado como fuerza militar regular del estado sudanés a través de la denominada Rapid Support Forces Act. Una norma que en septiembre de 2023 sería disuelta por el titular del Consejo de Soberanía y presidente de facto de Sudán, teniente general Abdelfattah El Burhan, en un intento por disminuir el poderío militar de su rival las RSF.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos por los “Janjaweed” en Darfur contribuyeron a que el conflicto sudanés entrará en la agenda del Consejo de Seguridad (CSNU), quien en esos años aprueba una serie de resoluciones que perseguían el objetivo de disminuir la intensidad del conflicto. Entre las principales podemos destacar la resolución 1556 (2004), que instauraba el embargo de armas sobre Darfur, o la resolución 1591 (2005) que creó el Grupo de Expertos y el régimen de sanciones. Pero estas sólo englobaban al conflicto de Darfur pero no tenían validez en el resto de Sudán, como si el mismo solo se debiera a causas endógenas y no existieran factores externos que contribuyeran a la reproducción de la violencia. En los últimos años organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional (2024) vienen haciendo hincapié en la necesidad de ampliar el embargo de armas a todo el país para poner fin a la guerra civil. Este enfoque es compartido por la Misión Internacional Independiente de Investigación de los hechos para el Sudán (Naciones Unidas 2024), órgano encargado de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto y que fuera creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a través de la resolución A/HRC/RES/54/2.

Más allá de las carencias que podemos identificar en las resoluciones del Consejo de Seguridad lo cierto es que las mismas aumentaron la presión diplomática contra las partes del conflicto, contribuyendo a alcanzar una solución negociada al mismo.

La segunda guerra civil sudanesa llegaría a su fin en enero de 2005 tras la firma del Acuerdo Integral de Paz entre el gobierno de Sudán y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán/Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. Entre las principales medidas acordadas sobresalen las siguientes: a) se reconoce el derecho de las regiones del Sur a votar en un referéndum si deciden seguir siendo parte de Sudán u optan por la independencia, el mismo debía realizarse en un plazo de seis años; b) declara un alto al fuego bajo observación extranjera y autoriza la creación de dos ejércitos (las Fuerzas Armadas sudanesas y el Ejército Popular de Liberación de Sudán); c) se reparten las regalías petroleras de forma equitativa entre el Norte y el Sur, además de llevarse adelante una serie de reformas en el campo político entre las que sobresale la designación del jefe del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán, John Garang, como primer vicepresidente de un gobierno de “unidad nacional”; d) solicita la redacción de una nueva Constitución Nacional provisoria, la cual fuera aprobada en julio de 2005 y consagrará un sistema de gobierno federal y descentralizado que reconoció una amplia autonomía para las regiones del Sur (Ortega Rodrigo 2007).

Para respaldar el incipiente proceso de paz sudanés, en julio de 2007 se creó la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). La misma reemplazó a la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) y su principal objetivo era apoyar la implementación del Acuerdo de Paz de Darfur, suscripto en mayo de 2006, así como garantizar la seguridad en la zona sin perjuicio de las responsabilidades que le atañen al gobierno de Sudán en esa materia (Naciones Unidas 2007).

El gobierno al-Bashir rechazó la posibilidad de crear una misión de establecimiento de la paz en Darfur que estuviera controlada íntegramente por Naciones Unidas, tal como contemplaba la resolución 1706 aprobada por el Consejo de Seguridad el 31 de agosto de 2006. Por esta razón es que se decidió crear una misión de carácter “híbrido” con la UA, lo que permitió conseguir la aprobación del gobierno sudanés. No obstante, el mismo siguió poniendo obstáculos burocráticos y de diferente tipo que perjudicaron el desempeño de la misión, así como de los distintos órganos especializados, a pesar de los reiterados pedidos por parte del CSNU para que garantizara la libertad de movimiento de los miembros de UNAMID. Una dinámica que se mantendría vigente incluso luego del derrocamiento de al-Bashir en 2019 y que alcanzaría su punto máximo en noviembre de 2023 cuando el gobierno de Sudán solicitó al Secretario General de Naciones Unidas el cierre de la sucesora de UNAMID (la Misión Integrada de Asistencia a la Transición en Sudán (UNITAMS), creada en 2020 a través de la resolución 2524 del Consejo de Seguridad).

Luego de haberse cumplido el plazo de seis años previsto en el Acuerdo Integral de Paz, entre el 9 y el 15 de enero de 2011 se llevó adelante el referéndum independentista de Sudán del Sur el cual fue aprobado con el 98.83 % de los votos. El país proclamó su independencia el 9 de julio de 2011. Ante esta situación es que el Consejo de Seguridad en junio de 2011 creó la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), una zona que era pretendida tanto por Sudán como por Sudán del Sur.

Mientras que al mes siguiente se anunció el comienzo de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), la cual buscaba fortalecer la capacidad institucional del flamante Estado para construir un sistema de gobernanza eficaz y democrático. Pero este anhelo muy pronto se vería truncado por el inicio de la guerra civil sursudanesa, la cual comenzó en diciembre de 2013 cuando el presidente, Salva Kiir, acusó a su vicepresidente, Riek Machar, de supuestamente planear un golpe de estado. Esto provocó su apartamiento del gobierno y el posterior inicio de una contienda militar/étnica que en cinco años dejó un saldo de 400.000 muertos y cuatro millones de desplazados.

La guerra civil formalmente llegaría a su fin tras la firma del Acuerdo de Paz Revitalizado, suscripto el 12 de septiembre de 2018 en Addis Abeba, Etiopía.

A pesar del entusiasmo que generó en la comunidad internacional la firma del Acuerdo, el conflicto en Sudán del Sur ha vuelto a reactivarse a tal punto que en octubre del año pasado la Comisión de Derechos de Sudán del Sur, órgano creado en 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para monitorear el estado de los derechos humanos en el país, alertó sobre la posibilidad de que vuelva a reiniciarse la guerra civil (Naciones Unidas 2025). Las partes del conflicto en gran medida incumplieron los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz Revitalizado. Una muestra en este sentido es que, por ejemplo, todavía no se han podido llevar adelante las elecciones presidenciales, las cuales, según el cronograma inicial, debían realizarse en Septiembre de 2021. La última fecha anunciada por el gobierno de Sudán del Sur para la realización de los comicios es el 22 de diciembre de 2026.

La situación humanitaria en Sudán es aún peor. El derrocamiento de Omar al-Bashir, ocurrido el 11 de abril de 2019, sumado a la posterior firma de los Acuerdos de Paz de Juba, suscriptos en Octubre de 2020 y que perseguían el objetivo de poner fin al conflicto militar en la región de Darfur y en los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, parecían abrir una nueva etapa de estabilidad en el país y sobre todo sin violencia.

Pero esta dinámica llegaría a su fin con el golpe de estado registrado en octubre de 2021, en el cual las RSF desempeñarán un rol clave. Tras el mismo su líder Hamdan Dagalo asumió el cargo de vicepresidente del Consejo de Soberanía de Transición, un puesto que ya había desempeñado en el Consejo Militar de Transición surgido tras la caída de al-Bashir (el cual también fuera presidido por el Abdelfatah Al-Burhan) y que supuestamente debía gobernar Sudán por sólo por tres años para dar paso luego a la convocatoria de elecciones.

Dagalo terminaría abandonando la vicepresidencia en abril de 2023 debido a diferencias políticas con el presidente de facto de Sudán, Abdelfatah Al-Burhan, lo que –entre otros motivos- determinaría el comienzo de una nueva guerra civil entre las RSF y Ejército de Sudán. A esto tenemos que añadir que en diciembre de 2023 el Consejo de Seguridad decidió, a instancias de una solicitud presentada por el gobierno de Sudán, terminar con el mandato de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición (UNITAMS). Una decisión que limitó la capacidad operativa de Naciones Unidas en Sudán, una organización que ya de por sí sufre una severa crisis de financiamiento, dejando a miles de víctimas de la guerra civil sin una red de contención humanitaria que les permitiera mitigar los perjuicios humanos y materiales generados por el conflicto.