Estados Unidos: Reconstruyendo el Mare Nostrum Caribeño

En la antesala de la Guerra Hispano-estadounidense (abril a agosto de 1898), el almirante Alfred T. Mahan aspiraba a un “Caribe Americano” equivalente al Mediterráneo romano (The Interest of America in Sea Power, Present and Future, 1897). Desde el México y el Golfo hasta las costas de Colombia y Venezuela, Estados Unidos debía controlar el espacio naval para asegurar vías marítimas y denegar el acceso al enemigo. Dicho discurso cobró notoria actualidad con la flotilla naval estadunidense conformada por 8 navíos, entre destructores y cruceros e incluso un submarino a propulsión nuclear, que el 2 de septiembre abrió fuego en el Caribe, destruyendo una lancha a motor venezolana.

Como de costumbre, el Presidente Trump relató la historia en su red social: Acusó de tráfico de sustancias ilícitas no especificadas, aunque atribuyéndola a una operación del Tren de Aragua; apuntó a una tripulación de 11 personas que no sobrevivió, aunque sin bajas por parte de Estados Unidos; y explicó que el hecho ocurrió en aguas internacionales. Como el video liberado mostraba apenas el momento del ataque, se desconoce si el arma era un dron o un helicóptero, sin olvidar la versión del Ministro de Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, quien aseguró se trataba de una película propagandística creada a partir de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el mensaje de Trump es claro. Es su versión de la “Diplomacia del cañonero” – una práctica de raíces euro-decimonónicas de demostración del músculo militar como instrumento coercitivo para lograr objetivos-, no sólo se habían apostado los buques para exhibir poder naval, sino que se usaría la fuerza letal conforme a las definiciones de seguridad nacional estadounidenses que homologan narcotráfico a terrorismo, y a la legislación de Estados Unidos, que rige las operaciones militares (Título 10) y las acciones encubiertas y clandestinas (título 50).

Por cierto, no hay ninguna referencia al derecho internacional. Después de todo, Estados Unidos no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aunque en el pretérito decía actuar conforme a sus disposiciones, ni mencionar la convención de Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas o el Manual de San Remo sobre reglas de enfrentamiento. En síntesis, no hubo ninguna advertencia a la embarcación sospechosa de traficar droga para detener la tripulación, incautar la mercancía ilícita y llevar a los responsables antes la Justicia. Simplemente se disparó.

Claramente, no se trata de un epilogo, aunque si de una inflexión en la escalada que comenzó con el regreso de Trump a la Casa Blanca, desde el día del juramento presidencial, cuando organizaciones criminales latinoamericanas fueron designadas como entidades terroristas. En febrero de 2025, el Departamento de Estado incluyó al Cartel de Sinaloa, el grupo centroamericano Mara Salvatrucha 13 y al Tren de Aragua en la referida clasificación, argumentando amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos que resultaban en la muerte de más de 80.000 personas sólo por consumo de fentanilo. Dos meses después, Washington solicitó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, autorizar el ingreso de tropas estadounidenses a México para combatir los carteles, algo que no acontecía desde 1916, cuando el general Pershing dirigió una división persecutoria del “más buscado” de ese entonces. Pancho Villa, y que por supuesto denegó.

En julio, Washington vociferaba los peligros que encarnaba el Cartel de los Soles en Venezuela, una red de complicidades y corrupción estatal, con participación uniformada, para beneficiarse del tráfico ilícito, según Insight Crime y la ONG Transparencia Internacional. Aunque fue el 8 de agosto, cuando la Fiscalía General ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro, signado como jefe del referido cartel, más 25 millones por Diosdado Cabello y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López. Simultáneamente, se implementó sigilosamente la directiva del Pentágono para usar las fuerzas armadas contra los carteles y bandas calificadas como terroristas. Este fue el giro copernicano de la administración Trump 2.0 respecto a los gobiernos anteriores –incluido el suyo- dado que en su primer período sólo imputó cargos penales a Maduro y sus alianzas con las FARC, más sanciones estatales. Así se termina de equiparar la Guerra Global contra el Terror de Bush con la Nueva Guerra contra el Narcoterrorismo, por medio de golpes rápidos y efectistas, muy al estilo de lo que ocurrió en Irán en junio por razones distintas, aunque siguiendo la lógica de no comprometerse en un conflicto armado prolongado.

No se puede soslayar que al inicio hubo otros factores que confundieron a observadores avezados. Díez días después de juramentado su cargo por segunda vez, Trump visó la entrevista en Venezuela de su enviado para misiones especiales, Richard Grenell, con Nicolás Maduro, que tuvo como resultado el intercambio de detenidos entre las partes y la recepción venezolana de vuelos con deportados nacionales, trasferidos desde El Salvador. Incluso la administración Trump restableció la licencia de Chevron Corp. para extraer petróleo desde yacimientos en Venezuela y su transporte a Estados Unidos.

Así, seguridad nacional se funde con la promoción de empresas privadas estadounidense. Una paramnesia de las Guerras Bananeras relatadas por el General del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Smedley Butler en su libro “La guerra es un latrocinio” (1935). Era la época en la que “la diplomacia del dólar” y el “Gran Garrote” sobre América Latina, en la confluyeron poder militar hemisférico e intereses económicos sobre México, Centroamérica y el Caribe. A la manera de un “taller imperial” –usando la expresión de Greg Grandin en 2006- que más tarde aplicaría globalmente con la Guerra Fría, Estados Unidos desplegó todo su poderío naval entre el fin del conflicto hispano-estadounidense y la inauguración de la Política de la Buena Vecindad (diciembre de 1933). Se sucedió un repertorio de intervenciones armadas entre otras en Cuba (1901 bajo la enmienda Platt), Panamá (1903, 1908, 1918), Nicaragua (1912-1933 y 1934), México (1914, 1916-1917), Haití (1915-1934), República Dominicana (1916-1924) y Honduras (1924).

Durante la Guerra Fría se aplicaron operaciones encubiertas en Guatemala (1954) para derrocar a Jacobo Árbenz y en el Chile de Salvador Allende (1970-1973), además de intervenciones armadas sobre República Dominicana (1964-1965), Grenada (1983) y Panamá (1989). Las primeras bajo la égida de la CIA, las últimas con el protagonismo de tropas de elite: Seals y Fuerza Delta. En la Posguerra, la participación de Estados Unidos en campañas militares en la región se remitió a acuerdos multilaterales bajo el paraguas de organizaciones internacionales.

Es así, como la destrucción de la embarcación en el Caribe es una medida que no se había llevado cabo en más de 35 años de lucha estadounidense contra las drogas, desde cuando fueron definidas como “nuevas amenazas asimétricas”, y contra la cual se establecieron políticas en cooperación con otros gobiernos, como el plan Colombia y el plan Mérida. La última expedición militar unilateral en Latinoamérica había sido la “Operación Causa Justa” en 1989 para capturar al General Noriega, ex colaborador de la CIA, acusado de tráfico de drogas y corrupción. Las bases militares de Estados Unidos, estacionadas en la zona del Canal, permitieron la acción de 25.000 efectivos en una campaña de apenas algunas semanas. Caso distinto al actual con algo más de 4.000 marinos desplegados cerca de aguas territoriales venezolanas. Para una intervención a gran escala se necesitaría mayor dotación y una plataforma con más proyección que los puertos ofrecidos por Trinidad y Tobago o los buques franceses recalados en Guadalupe.

Colombia ha dicho no aprueba la utilización de su territorio para dicho fin y el Presidente Gustavo Petro rechaza toda intervención de Estados Unidos en el área. Como presidente pro tempore de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) convocó a una reunión telemática en la que 20 Estados^[1] firmaron una declaración expresando “preocupación por el despliegue militar extra hemisférico». Frente a éstos en la región hay países que han seguido las aguas de Washington al declarar al «cartel de los soles» organización terrorista: Argentina, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana, a la que se suma el respaldo a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe de Curazao, Guyana y Trinidad y Tobago.

En este cuadro, Trump ha respondido con un “ya veremos” ante la consulta de eventuales ataques sobre objetivos del narcotráfico en Venezuela. Incluso es probable se sume a la Dirección de Contrainteligencia venezolana en la designación de organización terrorista. Y aunque no comparece una retórica explícita de reemplazar al régimen actual por otro, excepto en los anhelos del secretario de Estado Marcos Rubio, no se descarta que la presión “de las cañoneras” abran fisuras en el hasta ahora compacto bloque oficialista.

^[1] Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.