Sudán entra en el tercer año de su guerra civil
Parafraseando al filósofo italiano Antonio Gramsci (1932-1934) y trasladando su concepto al plano militar, el emparejamiento de las fuerzas —en cuanto al acceso a armamento y a la disponibilidad de efectivos— contribuiría a prolongar una guerra que, por el momento, ha dejado un saldo de miles de muertos (es difícil brindar un número exacto debido a la dificultad para acceder al terreno) y más de 11 millones de desplazados internos, además de 4 millones de desplazados externos (ACNUR 2026; OCHA 2026). La guerra profundiza la crisis humanitaria en Sudán, donde el 64 % de la población, incluyendo 16 millones de niños, depende actualmente de la ayuda internacional para su subsistencia (ECHO 2026).
En este escenario, lo que se observa no es simplemente una guerra prolongada, sino un conflicto que ha entrado en una fase de estabilización negativa, donde ningún actor logra imponerse, pero todos contribuyen a sostener la dinámica de la violencia. Esta lógica, lejos de abrir oportunidades para la negociación, tiende a consolidar incentivos para la continuidad del enfrentamiento, especialmente en contextos donde los recursos y el control territorial siguen en disputa.
Naciones Unidas se ha mostrado incapaz de alcanzar un cese al fuego y de sentar las bases para una solución negociada al conflicto, aunque sí ha venido llevando adelante un registro detallado de las violaciones a los derechos humanos cometidas por ambos bandos, con el objetivo de visibilizar el impacto humanitario de la guerra civil en Sudán. En este sentido, es necesario destacar el rol desempeñado por la Misión Internacional Independiente de Investigación de los hechos para el Sudán, órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en octubre de 2023 y que, en sus informes, por ejemplo, determinó que los crímenes cometidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en la toma de la ciudad de El-Fasher, ocurrida entre el 26 y el 27 de octubre de 2025, pueden ser indicios de una práctica “genocida” (Sudán-FFM 2026).
El conflicto en Sudán suele ser catalogado como una “guerra olvidada”. Si bien este argumento tiene fundamentos si se observa la escasa importancia que recibe por parte de los medios de comunicación occidentales y de los Estados más influyentes del sistema internacional, Naciones Unidas, en cambio, sí ha venido siguiendo el tema de forma recurrente. A tal punto que, en los últimos diez años (2016-2026), el Consejo de Seguridad aprobó un total de 80 resoluciones de diverso tipo, desde renovaciones del mandato de las misiones de mantenimiento de la paz en Darfur y de órganos especializados (como el Grupo de Expertos sobre Sudán), hasta la imposición de sanciones y pedidos de cese al fuego. Los objetivos planteados, en su mayoría, no se alcanzaron debido a un déficit de implementación y a la escasa colaboración brindada por las partes del conflicto, las cuales, desde un inicio, obstaculizaron el desempeño tanto de las misiones (UNAMID, UNITAMS) como de las organizaciones de asistencia humanitaria, haciendo de esta forma más difícil el cumplimiento de sus mandatos.
Este punto resulta central para comprender los límites del sistema internacional en contextos de guerra civil. No se trata únicamente de la existencia de resoluciones o de la voluntad formal de intervención, sino de la capacidad efectiva de condicionar el comportamiento de los actores en el terreno. En el caso sudanés, esa capacidad aparece claramente debilitada.
Naciones Unidas cerró su misión en Darfur en diciembre de 2023, a instancias de un pedido realizado por el gobierno del general Abdelfatah Al Burhan. Las organizaciones de derechos humanos criticaron esta decisión, al considerar que dejaba a las víctimas de la guerra civil sin una red de contención humanitaria, contribuyendo a acentuar la crisis en el país. Estas, a su vez, desde hace tiempo vienen solicitando la ampliación del embargo de armas a todo Sudán (Amnistía Internacional 2024; Sudán-FFM 2024), ya que actualmente solo está vigente en la región de Darfur, a pesar de que desde 2023 el conflicto militar entre el Ejército y las RSF afecta a la gran mayoría del país.
Es poco probable que una iniciativa de estas características prospere en el Consejo de Seguridad, debido a que afectaría los intereses de países como Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Egipto, los cuales son acusados de proveer armamento a los bandos en disputa (López Martín 2024; Patrick Wintour 2025), vulnerando el embargo vigente pero obteniendo importantes beneficios económicos.
Por ahora, se ha descartado la posibilidad de volver a instaurar una misión de estabilización de la paz en Darfur, ya que, según la óptica del Secretario General, António Guterres, no están dadas las condiciones para una iniciativa de estas características. Tal como reconoce el funcionario en su Informe sobre la Protección de los Civiles en Sudán 2024, la decisión de poner fin a la guerra civil, en última instancia, recae en las partes beligerantes. Por este motivo, considera necesario impulsar contribuciones flexibles que persigan el objetivo de alcanzar la paz: “En particular, a través de la implicación personal de algunos jefes de Estado, con el fin de reforzar la influencia diplomática y garantizar un progreso concreto y sostenido en los esfuerzos por resolver el conflicto” (UN Secretary General 2024).
Aunque este enfoque, que busca comprometer a actores clave para condicionar a los bandos en disputa, por el momento no ha brindado los resultados esperados. A esto se suma que el cierre de UNITAMS limitó la capacidad operativa de Naciones Unidas en Sudán, un organismo que ya de por sí sufre una severa crisis de financiamiento. Esto queda en evidencia en el hecho de que los programas de asistencia humanitaria en Sudán y de apoyo a los refugiados en países como Egipto, Sudán del Sur y Chad (naciones en las que actualmente viven más de un millón de emigrados sudaneses que escaparon de la guerra) están desfinanciados (Consejo de Seguridad 2024). Un ejemplo en este sentido es que el año pasado el Plan de respuesta para los refugiados de Sudán solo logró recaudar el 25 % del presupuesto necesario para su funcionamiento, a través del cual se pretendía brindar ayuda a 5 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria (ACNUR 2026).
En este marco, la guerra en Sudán no solo interpela a los actores directamente involucrados, sino que también pone en cuestión la eficacia del sistema multilateral en su conjunto. La persistencia del conflicto, a pesar de la abundancia de resoluciones, informes y mecanismos institucionales, expone una brecha cada vez más evidente entre la producción normativa del sistema internacional y su capacidad real de incidir en el terreno.