COP30 en Belém: ¿una cumbre climática histórica o una promesa más?
Jacqueline A. Haffner, profesora del Departamento de Economia e Relações Internacionais (DERI). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil
La COP30, celebrada entre 10 de noviembre y 21 noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil, ha sido calificada por muchos como una de las conferencias climáticas más simbólicas y decisivas de la historia reciente. No solo por su ubicación, en el corazón de la Amazonía, sino por el contexto global en el que se desarrolló: una crisis climática que se intensifica, una creciente presión social por justicia ambiental y una necesidad urgente de pasar de las palabras a la acción. Durante esta edición, los debates se centraron en la transición hacia modelos sostenibles en sectores clave como la energía, la industria y el transporte. Estos ejes fueron abordados con especial énfasis en la necesidad de acelerar la descarbonización, fomentar tecnologías limpias y garantizar que dicha transformación sea justa e inclusiva para los países del Sur Global y las comunidades más vulnerables.
La elección de Belém como sede no fue casual. Por primera vez, una Conferencia de las Partes (COP) se realizó en la Amazonía, una región clave para la regulación climática del planeta y hogar de miles de comunidades indígenas y tradicionales. La Amazonía actúa como un gigantesco sumidero de carbono, absorbiendo millones de toneladas de CO₂ cada año, y su preservación es crucial para evitar que el calentamiento global alcance puntos de no retorno. Esta decisión buscó visibilizar la importancia de los biomas tropicales y el papel de los pueblos originarios en su protección. Según la ONU, la COP30 debía ser “una cumbre de implementación”, donde los compromisos del Acuerdo de París se transformaran en acciones concretas.
La cumbre se desarrolló en un contexto alarmante, 2025 se perfila como uno de los años más calurosos jamás registrados, con eventos extremos como huracanes, incendios forestales y sequías afectando a millones de personas. La ciencia es clara “el mundo está lejos de alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C”. Las emisiones siguen aumentando y los compromisos nacionales (NDCs) son insuficientes. En este sentido, la cumbre de Belém fue una llamada de atención. Se exigió a los países actualizar sus metas climáticas y establecer mecanismos de rendición de cuentas más estrictos. La presión sobre los gobiernos y las grandes empresas para que actúen, y no solo hablen, fue más fuerte que nunca.
Uno de los aspectos más destacados de la COP30 fue la participación sin precedentes de pueblos indígenas. Más de 3.000 representantes de comunidades originarias de América Latina, África y Asia se movilizaron en Belém, instalando una “aldea indígena” paralela a la cumbre oficial. Además, se celebró la primera Cumbre de Mujeres Indígenas, donde se denunciaron los impactos diferenciados del cambio climático sobre las mujeres y se propusieron soluciones basadas en saberes ancestrales. Estas voces exigieron justicia climática y el reconocimiento de que los pueblos que menos han contribuido al calentamiento global son los que más sufren sus consecuencias.
Durante la conferencia, la transición energética fue uno de los temas centrales, abordado no solo como una necesidad ambiental urgente, sino también como un imperativo de justicia social. Se reconoció la importancia de abandonar progresivamente los combustibles fósiles y acelerar la adopción de energías renovables, pero los países en desarrollo insistieron en que este proceso debe ser justo y equitativo. Argumentaron que no pueden asumir los mismos compromisos que las naciones industrializadas sin apoyo financiero y tecnológico, ya que sus economías dependen en mayor medida de los combustibles fósiles, enfrentan altos niveles de pobreza energética y carecen de infraestructura adecuada. En este contexto, se planteó que los países con mayor responsabilidad histórica en las emisiones (Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Reino Unido) deben liderar el financiamiento climático, facilitar la transferencia tecnológica y garantizar que las comunidades vulnerables participen en la planificación energética. Se dejó claro que sin justicia social, no puede haber justicia climática, y que la transición energética debe promover la equidad, la inclusión y el desarrollo sostenible.
El financiamiento climático volvió a ser un eje de tensión, especialmente para los países del Sur Global, que denunciaron la persistente insuficiencia y cumplimiento de los compromisos financieros asumidos por las naciones desarrolladas. Aunque se anunció un plan para movilizar al menos 1,3 billones de dólares anuales hasta 2035, muchas delegaciones expresaron su preocupación por la falta de claridad sobre los criterios de distribución, los mecanismos de gobernanza y la participación de los países receptores en la toma de decisiones. También se discutieron mecanismos innovadores de recaudación, como impuestos sobre la aviación, bienes de lujo y grandes fortunas, para alimentar el fondo global. La ausencia de Estados Unidos en la cumbre fue interpretada como una señal de debilitamiento del liderazgo climático tradicional. La cúpula contó con la presencia del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien lideró reuniones con representantes de la Unión Europea, países árabes, China, India, Indonesia y África, además de encuentros con sociedad civil y pueblos indígenas. Sin embargo, países árabes, con fuerte dependencia del petróleo, se opusieron a un lenguaje más duro contra los combustibles fósiles, lo que impidió que la declaración final fuera más contundente.
Un tema emergente en esta edición fue el papel de la inteligencia artificial (IA) como una herramienta clave en la lucha contra el cambio climático, pero también como un desafío que requiere regulación y vigilancia crítica. Por un lado, se reconoció que la IA puede contribuir significativamente a la sostenibilidad, por que optimiza el uso de recursos, mejora la eficiencia energética, permite una mejor gestión de cultivos y agua, y refuerza la capacidad de anticipar eventos climáticos extremos. Estas aplicaciones son especialmente valiosas en contextos de alta vulnerabilidad climática. Sin embargo, varios actores alertaron sobre los efectos colaterales de esta tecnología. La huella ecológica de la IA, derivada del consumo energético de los centros de datos y del hardware necesario para su funcionamiento, fue señalada como una contradicción en su uso ambiental. Quedó establecido que la inteligencia artificial no es neutral, su diseño, implementación y gobernanza deben estar alineados con principios de justicia climática, inclusión cultural y respeto a los derechos humanos.
Como resultados finales la COP30 dejó avances técnicos importantes, con la aprobación del Pacote de Belém por 195 países que adoptaron 29 decisiones que abarcan transición justa, financiamiento de adaptación, comercio, género y tecnología y, se buscó colocar la equidad y las personas en el centro de la acción climática. Por primera vez se acordó un conjunto común de indicadores para medir cómo los países se preparan frente a eventos extremos. También, 122 países presentaron nuevas metas de reducción de emisiones. Brasil lanzó el Fondo Florestas Tropicais para Sempre, destinado a financiar la conservación de bosques. Se aprobó una iniciativa voluntaria para que los países que lo deseen aceleren la reducción de emisiones y avancen en la eliminación gradual de combustibles fósiles. Sin embargo, el texto final evitó compromisos obligatorios sobre petróleo, gas y carbón, lo que generó críticas. Se destacó que, diez años después del Acuerdo de París, las inversiones globales en energías limpias (renovables, nuclear, redes, almacenamiento, eficiencia) alcanzan US$ 2,2 billones, el doble de lo destinado a fósiles (US$ 1,1 billones).
La COP30 mostró la relevancia de Brasil como anfitrión y la presencia de líderes globales, pero también evidenció cómo las alianzas de países árabes y otros grandes emisores limitaron la ambición del texto final. En definitiva, el legado de Belém no se definirá por las promesas hechas, sino por la capacidad de convertirlas en acciones concretas. Solo si los compromisos asumidos se transforman en políticas públicas eficaces, inversiones sostenibles y cambios estructurales, la COP30 marcará un verdadero punto de inflexión en la lucha climática. De lo contrario, quedará como una oportunidad desperdiciada, prolongando las tensiones y la urgencia que inevitablemente recaerán sobre las negociaciones de 2026.